Foto: Andrés Gómez

Por: Fermín Romero

Estas fueron las palabras con las que describió Claudia Julieta Duque, el 9 de febrero, día del periodista en Colombia, el estado de la libertad de expresión en en país. Ella y Hollman Morris denunciaron que el DAS y la Presidencia han vulnerado los derechos humanos de periodistas y de personas de la oposición, usando el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G3), y afirmaron que este no es un grupo clandestino creado en el DAS por delincuentes y que no actuó de forma independiente, sino que es parte de una estrategia que contaba con directrices claras que involucran al Presidente de la República, entidades del DAS, el Programa de Protección de DDHH del Ministerio de Interior, el Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Junto con la presentación de pruebas que sustentan sus palabras, le exigieron al Presidente que asuma la responsabilidad de las acciones de ese cuerpo del DAS, ya que los directores y subdirectores de la Policía secreta del Gobierno han sido nombrados por el mismo, y en su administración los directivos de la Policía secreta del Presidente se han visto involucrados con paramilitares y se les juzga acusa de realizar actos de espionaje a la Corte Suprema, periodistas, ong, organizaciones sociales y defensores de DDHH.

Hollman Morris pidió a los medios y a los periodistas que se reflexione sobre el calificativo de interceptaciones ilegales del DAS y se cambie por el de cacería ilegal en contra de la oposición política, defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Colombia. Respaldando los argumentos del periodista de Contravía, Claudia Julieta Duque mostró pruebas recolectadas por la Fiscalía, con las que se busca demostrar que el G3 mantenía informado a Uribe de las acciones de la oposición, situación que el Presidente ha negado y que al parecer defiende de forma velada, al afirmar que él simplemente ordenó hacer seguimiento al terrorismo.

Sin embargo, ambos periodistas piden además que se explique cuáles fueron los mecanismos de elección de los directores del DAS y cuáles fueron los filtros que se usaron para escogerlos. Personas como Jorge Noguera Cotes, quien fue elegido por Uribe directamente, están siendo juzgados por paramilitarismo y homicidio.

Las pruebas, que ya están ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, se espera logren determinar la responsabilidad del Presidente en acciones sistemáticas contra la oposición en Colombia: desde el DAS se atacó al periodista Hollman Morris elaborando videos que lo vinculaban con las FARC, se presentó robo de documentos, bloqueo de financiaciones para su trabajo, seguimientos y amenazas; a Claudia Julieta Duque se le han realizado amenazas desde 2001, cuando investigaba los nexos que tenía el DAS con el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón, y se puede comprobar que en contra de ella se uso un manual que tenía el G3 para intimidar y amenazar; Carlos Lozano, director del periódico Voz, fue sindicado de ser de las FARC; y Dick Emanuelsson, periodista sueco tuvo que salir del país por la ejecución de estrategias que van desde el borrar los datos de sus computadores y memorias magnéticas en aeropuertos del país, hasta seguimientos y otros tipos de acosos.

Pero los ataques contra la prensa por parte de Uribe no terminan en Colombia y el DAS parece seguirlo a donde él dirige sus ataques públicos. En entrevistas radiales en Colombia, el Presidente ha afirmado que en Suecia hay residentes al servicio de la guerrilla y ordena públicamente “a todos tenemos que acabarlos”, palabras usadas de nuevo cuando se refirió a los cineastas argentinos que presentaron el documental de las FARC. Por su parte el DAS, según denuncias de Dick Emanuelsson, ataca semanalmente a la emisora en Suecia Radio Café Estéreo, que pertenece a la Asociación Jaime Pardo Leal, líder político de la Unión Patriótica que fue asesinado el 11 de noviembre de 1987.

Así la situación de derechos humanos y de libertad de prensa en el país, se espera que los estrados judiciales permitan esclarecer la magnitud de las acciones y responsabilicen de forma clara a los culpables de la persecución y violación de derechos humanos de cientos de colombianos, ya que de no haber pronunciamiento sobre la estrategia que parece obedecer a una política de estado, la situación de los periodistas se agudizará y la libertad de prensa y de expresión continuará difuminándose en el eufemismo que es. Si no, preguntarle al director y periodistas de la revista Cambio.

Fuente: El Turbión